ÓSCAR MOLINA PEÑA

BERENICE LÓPEZ MEZA

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL CASO ASENCIO ROSARIO Y OTROS VS. MÉXICO

ANALYSIS OF THE JUDGMENT IN THE CASE OF ASENCIO ROSARIO ET AL. V. MEXICO

INTRODUCCIÓN

Con fecha 30 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso ASCENCIO ROSARIO Y OTROS VS. MÉXICO, (sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025), declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años. Asimismo, estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada.

Realizar un análisis de esta Sentencia en particular es de suma importancia, en virtud de ser un claro ejemplo de aplicación de un enfoque de interseccionalidad y transversalización de género en la protección jurisdiccional de los derechos humanos. En este sentido la noción, de interseccionalidad constituye una reconceptualización del problema de la desigualdad, que intenta capturar tanto sus causas-consecuencias estructurales como las dinámicas de interacción entre los múltiples ejes de opresión en contra de las víctimas. Asimismo, se apunta que la transversalización de género debe considerarse como una estrategia que busca incluir la preocupación por la equidad entre los géneros en cada una de las formas de intervención política del Estado para un adecuado acceso y garantía de los derechos humanos. De igual manera, resulta relevante su estudio, toda vez de que se trata de la última sentencia condenatoria dictada en contra de nuestro país, misma que de acuerdo con lo sostenido por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), es obligatoria para todas las autoridades del Estado Mexicano.

En este fallo, la Corte Interamericana determino que el fallecimiento de la señora Ernestina Ascencio Rosario fue consecuencia directa de la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica; Asimismo se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por faltar a su deber de investigar con debida diligencia reforzada, así como por vulnerar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario. Quedo debidamente acreditado, que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el Estado desde 2006.

La señora Ernestina fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente. El Tribunal determinó que el Estado violó el derecho de la señora Ascencio Rosario a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal médico. Por lo anterior, se declaró a México es responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, y por la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares.

En forma adicional, la Corte consideró que la investigación ministerial de los hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres y que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor en un contexto de militarización. La Corte concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias; y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.

La Corte constató que los familiares de la señora Ernestina enfrentaron barreras en el acceso efectivo a la justicia, derivadas de su condición de personas indígenas monolingües, y que fueron objeto de presiones e intimidaciones para evitar que prosiguieran su búsqueda de justicia. Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta el sufrimiento padecido, el Tribunal consideró que también se vulneraron sus derechos a la verdad y a la integridad personal. Por lo que cabe destacar que el Estado Mexicano ya inició con el cumplimiento de la sentencia objeto del presente análisis, para lo cual, con fecha 24 de junio de 2026, se procedió a publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen oficial de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ascencio Rosario y otros vs. México”, en español y en náhuatl.

En base a lo que antecede, se expone de manera sucinta el análisis de la referida sentencia en los términos siguientes:

Fecha de publicación y notificación al estado mexicano de la sentencia. Se emitió el 30 de septiembre; se publicó y notificó el 16 de diciembre de 2025.

1. FONDO

Con fecha 30 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso ASCENCIO ROSARIO Y OTROS VS. MÉXICO, (sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025), declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años. Asimismo, estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada.

Realizar un análisis de esta Sentencia en particular es de suma importancia, en virtud de ser un claro ejemplo de aplicación de un enfoque de interseccionalidad y transversalización de género en la protección jurisdiccional de los derechos humanos. En este sentido la noción, de interseccionalidad constituye una reconceptualización del problema de la desigualdad, que intenta capturar tanto sus causas-consecuencias estructurales como las dinámicas de interacción entre los múltiples ejes de opresión en contra de las víctimas. Asimismo, se apunta que la transversalización de género debe considerarse como una estrategia que busca incluir la preocupación por la equidad entre los géneros en cada una de las formas de intervención política del Estado para un adecuado acceso y garantía de los derechos humanos. De igual manera, resulta relevante su estudio, toda vez de que se trata de la última sentencia condenatoria dictada en contra de nuestro país, misma que de acuerdo con lo sostenido por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), es obligatoria para todas las autoridades del Estado Mexicano.

En este fallo, la Corte Interamericana determino que el fallecimiento de la señora Ernestina Ascencio Rosario fue consecuencia directa de la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica; Asimismo se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por faltar a su deber de investigar con debida diligencia reforzada, así como por vulnerar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario. Quedo debidamente acreditado, que la señora Ernestina –una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz– fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007. El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de la vivienda de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico desarrollada por el Estado desde 2006.

2. PERFIL DE LA VÍCTIMA

Mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz.

3. DECLARATORIA DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO

Los Estados Unidos Mexicanos es responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones perpetradas en el 2007 contra la señora Ernestina Ascencio Rosario, quien fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.

El Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada. La Corte concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario.

México incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario.

La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima.

El Estado violó el derecho de la señora Ascencio Rosario a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal médico.

La Corte determinó que la investigación ministerial de los hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres y que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor en un contexto de militarización.

La investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias; y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.

La Corte constató que los familiares de la señora Ernestina enfrentaron barreras en el acceso efectivo a la justicia, derivadas de su condición de personas indígenas monolingües, y que fueron objeto de presiones e intimidaciones para evitar que prosiguieran su búsqueda de justicia.

Teniendo en cuenta el sufrimiento padecido, el Tribunal consideró que también se vulneraron sus derechos a la verdad y a la integridad personal de los familiares de la señora Ascencio.

4. PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA

La Corte declaró que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 11, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 7.a y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.

Declaró la violación de derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, reconocidos en los artículos 5.1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de cuatro hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario.

5. MEDIDAS DE REPARACIÓN DE LA SENTENCIA

1. La Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
2. El Estado conducirá una investigación penal exhaustiva y seria, en un plazo razonable, sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
3. El Estado brindará atención médica, psicológica y/o psiquiátrica gratuita, prioritaria, cultural y lingüísticamente adecuada y efectiva a través de instituciones de salud especializadas en beneficio de Francisco Inés Ascencio o Francisco Inés Ascención, Martha Inés Ascencio, y Carmen Inés Ascencio o Carmen Ginéz Ascención.
4. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 372 de la presente Sentencia.
5. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos y las violaciones declaradas en el presente caso.
6. El Estado otorgará una beca en una institución pública mexicana de educación básica y/o técnica a favor de los hijos e hijas de Julio Inés Ascencio Rosario, Francisco Inés Ascencio o Francisco Inés Ascensión, Martha Inés Ascencio, y Carmen Inés Ascencio o Carmen Ginéz Ascensión, concertada entre estos y el Estado, para realizar estudios básicos, superiores técnicos o universitarios, ya sean de pregrado y/o posgrado, o bien para capacitarse en un oficio.
7. El Estado deberá, dentro de un plazo de un año, implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos, conforme a lo establecido en la Sentencia.
8. El Estado deberá, dentro de un plazo de dos años, fortalecer el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Soledad Atzompa, Veracruz.
9. El Estado deberá, dentro del plazo de un año, adaptar el protocolo existente en el Estado de Veracruz o emitir un protocolo que incluya medidas adecuadas de atención en materia de salud y acceso a la justicia de mujeres indígenas víctimas de violencia por razones de género, sin discriminación, que cuente con perspectiva de género, étnica y etaria, conforme a lo establecido en el párrafo 385 de la presente Sentencia.
10. El Estado deberá, dentro del plazo de dos años, realizar un diagnóstico dirigido a identificar las necesidades y a establecer una estrategia de acción que permita superar las barreras lingüísticas que afectan el acceso a la salud y a la justicia de las personas y comunidades indígenas en el Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en el párrafo 386 de la presente Sentencia.
11. El Estado deberá, dentro del plazo de dos años, crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
12. El Estado deberá, dentro del plazo de dos años, garantizar que el Hospital Regional de Río Blanco y la Fiscalía General de Veracruz cuenten con un servicio de intérpretes y traductores que faciliten la adecuada atención y acompañamiento a las personas indígenas monolingües.
13. El Estado pagará las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos.
14. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso.
15. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
16. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

CONCLUSIONES

Este análisis de derechos humanos con enfoque de interseccionalidad revela cómo las identidades cruzadas (género, etnia, clase, edad o discapacidad) multiplican y agravan las barreras a la justicia. En el presente caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica discriminaciones estructurales complejas que requieren reparaciones transformadoras que tutelen los derechos humanos de la víctima, al tratarse de una mujer indígena náhuatl monolingüe, persona adulta mayor de 73 años, habitante de un pueblo originario de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el Estado de Veracruz, por lo que encuadra en una discriminación compleja, múltiple, y con transversalización de enfoque de género.

Tal como se hizo referencia en el apartado introductorio, esta sentencia es obligatoria para todas las autoridades del Estado mexicano, por lo que resulta de suma trascendencia su conocimiento y observancia, para cumplir a cabalidad con sus obligaciones constitucionales reconocidas en el tercer párrafo de articulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos. Por lo que, al considerarse que existe un gran desconocimiento de la sentencia que nos ocupa, se considera oportuno realizar futuros estudios de mayor envergadura para difundir y visualizar los alcances y retos que implicará esta sentencia para el sistema jurídico de nuestro país.

REFERENCIAS

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Ascencio Rosario y otros Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de septiembre de 2025, Serie C No. 567.

Parra Vera, Óscar y F. Antonio Franco Franco. “El enfoque de interseccionalidad en la protección judicial contra la discriminación: alcances y desafíos del giro en la jurisprudencia interamericana”. Revista Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no. 596 (2022). unam.mx.

Secretaría de Gobernación (SEGOB). “ACUERDO por el que se ordena la publicación del resumen oficial de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ascencio Rosario y otros vs. México”, en español y en náhuatl”. Diario Oficial de la Federación, 24 de junio de 2026. segob.gob.mx.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 2014. Tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades del Estado Mexicano, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, deben acatar lo ordenado en aquéllas”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, t. I (abril): 823. Registro digital 2006181.

NOTAS

1. Óscar Parra Vera (Colombia) y F. Antonio Franco Franco (Colombia), “El enfoque de interseccionalidad en la protección judicial contra la discriminación: alcances y desafíos del giro en la jurisprudencia interamericana”, Revista Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 596. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/viewFile/39722/36535

2. Ibídem, p. 601.

3. Tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades del Estado Mexicano, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, deben acatar lo ordenado en aquéllas”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, t. I (abril de 2014): 823, registro digital 2006181.

4. Secretaría de Gobernación, “ACUERDO por el que se ordena la publicación del resumen oficial de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Ascencio Rosario y otros vs. México’, en español y en náhuatl”, Diario Oficial de la Federación, 24 de junio de 2026, segob.gob.mx.