La Universidad Autónoma de Baja California, comprometida con la divulgación de obras de contenido científico sobre temas de relevancia para la comunidad académica, jurídica y social, publicó recientemente la obra titulada El patrimonio de familia: una garantía social de la familia en México, escrito por María Salomé Magaña Martínez, Yolanda Sosa y Silva García y por Jesús Rodríguez Cebreros, quienes a través de este texto estudian a la familia como institución desde la perspectiva de los derechos que la fortalecen e impulsan su desarrollo integral.
  Es así como, en tres capítulos, los autores analizan de manera exhaustiva a la familia a la luz de los derechos humanos tomando como punto de partida la reforma constitucional del 2011, siendo este suceso un parteaguas para colocarla en el centro del debate sobre su función dentro de la sociedad correlacionándola con aquellas prerrogativas que se derivaron de la interpretación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que abre la puerta para la aplicación de instrumentos de carácter internacional. Esta obra sin duda, reposiciona a la familia rompiendo paradigmas jurídicos previos a la obligatoriedad de la interpretación de los derechos humanos.
  El capítulo primero denominado “Derechos humanos: principios y garantías constitucionales”, desglosa de una manera sistematizada y organizada, el alcance de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, a la distancia de una década, puesto que la fecha de publicación de esta obra data del 2021, tiempo que ha dado lugar a la maduración de criterios derivados de un arduo análisis de situaciones que provocan este replanteamiento, es por eso que cobra relevancia el contenido de esta obra. Su copioso análisis inicia posicionando a los derechos sociales de la familia en sus principios protectores como la progresividad y no regresión, que de todos los principios son los que se encuentran íntimamente ligados con la reinterpretación de los derechos otorgados a esta institución.
  En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado el alcance de estos principios, cuyas tesis quedan plasmadas en esta obra y los autores extienden una atinada reflexión donde realzan las situaciones en concreto que deben considerarse su cumplimiento, de la misma forma distinguen la obligatoriedad del Estado de proteger y hacer valer los derechos sociales de una manera coordinada por los órganos que integran sus poderes. Derivado de esta prescripción, en este capítulo se desentraña el contenido de las normatividad federal vigente, que si bien es cierto, que de su lectura se desprende que estos derechos se encuentran reconocidos, requieren de efectividad para realmente materializarlos y finalmente cumplir con la gradualidad que precisa el principio de progresividad, contribuyendo de esa forma a la dignificación de los seres humanos.
  De la misma forma, los autores analizan, de una forma coherente y sistemática los ordenamientos de carácter internacional que como parte de la reforma a los derechos humanos extienden la obligatoriedad del Estado mexicano de constreñirse a su aplicación si la norma es más favorable en materia de derechos humanos que sus propios ordenamientos internos, para ello en esta obra recopila y examina aquellas normas contenidas en instrumentos de carácter internacional, producto de una amplia investigación. En ese sentido, los autores resaltan que la normatividad internacional puede categorizarse en dos grandes vertientes, las primeras refieren aquellas que se vinculan a la protección de la familia como entidad colectiva, y las segundas, son dedicadas a reconocer el derecho del individuo de protegerse contra situaciones arbitrarias que impliquen una perturbación hacia su familia o bien a su desarrollo individual dentro de este ente.
  Es así, como en ambos sentidos dentro estos instrumentos se plasman prerrogativas el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, por mencionar algunos. Del análisis realizado por los autores se puede constatar que los instrumentos ahí mencionados están dirigidos a proteger a la familia como un todo y a su vez incluyen normas que buscan dignificar a los individuos que la integran, tal es el caso de la mujer, los niños, los migrantes y sus familias, por lo que a la par de la obligación plasmada en la Carta Magna, es necesario que las autoridades mexicanas conozcan e interpreten la normatividad internacional de los derechos humanos de la familia.
  No solamente en este capítulo se analizan tratados internacionales, sino también lineamientos establecidos por organismos internacionales forman parte de la hegemonía global como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este punto los autores resaltan los derechos de la familia y/o sus miembros para proteger el trabajo digno, que, si bien es cierto, estas disposiciones se dirigen al a dignificación de una actividad preponderantemente económica, los autores no pierden de vista que no solamente se le atribuyen deberes morales a esta entidad, sino también requieren gozar de derechos económicos para impulsar su desarrollo integral.
  Finalmente, este capítulo concluye en enumerar y describir las normas protectoras de la familia o sus miembros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el caso de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre que, concatenado con las disposiciones de la OIT, incide en la tutela del derecho al trabajo y a una justa retribución encaminado a satisfacer sus necesidades de una manera digna. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, integran el deber social por parte del estado a que la familia y sus miembros de tener acceso a un empleo digno con condiciones que le permitan mantener un nivel decoroso, sin discriminación alguna.
  Los autores no solamente destacan el reconocimiento y protección de los derechos económicos de la familia, sino destacan el compromiso de satisfacer y garantizar la salud como un bien público, puesta al alcance de los individuos y familias. También hacen hincapié en la influencia que ejerce una adecuada alimentación para el sano desarrollo de la infancia y la adolescencia y como esto impacta en la maduración de sus capacidades físicas y morales. Concatenado la constitución de un entorno sano, los autores destacan la imperiosa necesidad de erradicar la violencia contra la mujer según las normas contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
  Las líneas reseñadas de este primer capítulo, son una invitación a reflexionar sobre el alcance de las normas que comprenden los derechos la familia que buscan su sano desarrollo, para lograrlo esta protección que impulsan su evolución requieren de su garantización de forma integral e individual, en esta obra se evidencia el respaldo de un marco jurídico que muestra la esencia de buscar la necesidad de desarrollo individual de cada uno de sus miembros para lograr el desarrollo de la familia como ente.
  En el capítulo segundo titulado “Marco conceptual y legal del patrimonio de familia en México”, aborda el estudio de uno de los derechos materiales y económicos de la familia en el sistema jurídico mexicano, que como ya se destacó anteriormente, la normatividad internacional reconoce la necesidad de contar con bienes materiales que les permitan conformar los cimientos de esta institución que contribuya a la creación de un medio ambiente armónico. Para ello, este capítulo se enfoca a la conceptualización y análisis del patrimonio de familia en México, realizando un diagnóstico del estado que guarda la normatividad vigente en México, en ese sentido los autores analizan la legislación de cada de las 32 entidades federativas, específicamente en cada una de sus Constituciones y normas de carácter civil.
  Incluye también un copioso análisis del concepto del patrimonio desde el punto de vista histórico, haciendo referencia a doctrina de carácter internacional y a las opiniones recientes de especialistas, en donde los autores concluyen que el régimen patrimonial de la familia debe de distinguirse de otras figuras jurídicas como la copropiedad, el patrimonio de familia no se trata de un conjunto de bienes que de manera indistinta son destinados a una comunidad, se trata de que esos bienes selectivamente constituyan del sustento familiar, debiéndose considerar el interés de la familia como grupo no el interés individual de sus miembros con la intención de protegerla de riesgos económicos, para de esa forma salvaguardar su estabilidad y así contribuir a la protección de sus derechos humanos.
  Asimismo, aportan un concepto de patrimonio de familia debiéndose entender por este “un conjunto mínimo de bienes descritos en la legislación que constituyen una masa patrimonial autónoma que adquiere la calidad de alienables e inembargables, y por solicitud de un miembro de la familia, se destina al sustento y protección de un grupo familiar”. A la luz de este concepto en esta obra se hace hincapié en que es la segmentación de una porción del patrimonio de la persona para destinarlo a un fin jurídicamente determinado, por lo tanto, merece analizar a la familia desde la perspectiva del derecho familiar y a la parte del derecho civil que rige al patrimonio.
  Derivado de ese binomio familia-patrimonio, dentro de este capítulo se dedican dos apartados en donde se analizan ambos conceptos, su relación y su impacto en el sistema jurídico mexicano, señalan aspectos relevantes como la necesidad de socializar la propiedad privada, darle el sentido social al incorporarse a los intereses de grupo consistentes en su desarrollo digno e integral, entre lo que se destaca sin duda, la vivienda. Este elemento del patrimonio de familia es analizado en la dimensión no solamente económica, sino como un derecho humano social, en donde indistintamente en diferentes ordenamientos y políticas de Estado se asocia con los calificativos de digna y decorosa, detallando aquellos de carácter internacional que describen el alcance de estos dos conceptos.
  En ese sentido, los conceptos de dignidad y decoro, ambos con peso moral constituyen características físicas y materiales de la vivienda como parte del patrimonio de familia, tales como la disponibilidad de servicios e infraestructura que brinden seguridad, habitabilidad, que solamente sea un lugar de resguardo, sino de calidez y de oportunidades de hacer valer derechos tales como empleo, salud, educación, medio ambiente sano, entre otros. A la luz de estas disposiciones, es importante resaltar que derivado del análisis que se realizó en este capítulo sobre el marco jurídico de la vivienda digna y patrimonio de familia en cada una de las entidades federativas, se destaca la existencia de una disparidad entre los distintos estados, un gran número de estados no contemplan disposición alguna sobre el patrimonio de familia, como Campeche, Guerrero, Nuevo León, entre otros. Por otro lado, unos estados incluyen en su legislación tanto el patrimonio de familia y la vivienda digna, como Baja California, Baja California Sur y Coahuila, por mencionar algunos. Otros estados solo contemplan el derecho a la vivienda digna, como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Colima, entre otros.
  También son variables los bienes que pueden incluirse dentro de la protección del patrimonio de familia, como por ejemplo Campeche, Chiapas y Yucatán, excluyen mobiliario de uso doméstico. Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua y Durango no incluyen una parcela cultivable; Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Oaxaca, por mencionar algunos, pueden incluir instrumentos para el ejercicio profesional; Colima, Hidalgo y Jalisco, entre otros, otorgan la posibilidad de incluir equipos y herramientas de la micro y pequeña industria. Con referencia a los trámites también varía de estado a estado, discrepan en el miembro de la familia que está legitimado para realizarlo y quien es la institución del estado competente para su constitución, así como el procedimiento a seguir.
  Finalmente, en el capítulo tercero titulado “Análisis económico-social de la familia y su patrimonio en México”, los autores elaboraron un análisis de políticas públicas y presupuestales que el Estado mexicano ha destinado para la protección de los derechos humanos de la familia, durante los últimos tres periodos gubernamentales. Derivado de lo anterior, se expuso el contenido de planes, programas federales y presupuestos de egresos, en lo que se puede destacar la gradualidad en la inclusión y diversificación de políticas públicas, esto resulta ser contrastante, porque por un lado, se cuenta con una legislación discrepante en toda la república, confusa en los mecanismos para hacer valer los derechos humanos sociales. De la lectura longitudinal de las políticas públicas se ve un aumento progresivo de apoyar y promover la vivienda digna.
  El contenido de esta obra es pertinente y actual, es necesaria su presencia en las bibliotecas de las instituciones educativas y de los juristas, ya que no solamente hace patente la carencia de un estudio académico actualizado sobre la constitución, registro y extinción del patrimonio de familia, sino también ofrece una guía para la interpretación de los derechos sociales de la familia. De la misma manera, da pie para que los funcionarios del Estado puedan apoyarse para la realización de sus tareas, puesto que sus autores al realizar un estudio pormenorizados del marco jurídico de los derechos sociales de la familia, ponen en manifiesto los huecos existentes dentro de la legislación del Estado mexicano que discrepan con la normatividad internacional, por esa razón resulta ser una valiosa herramienta para los creadores de normas.