Publicación semestral de la
Universidad Autónoma
de Baja California.
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MARÍA SALOMÉ MAGAÑA MARTÍNEZ
Doctora en Ciencias Jurídicas; integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la SECIHTI, Nivel I (2023-2027); Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California (salome.magana@uabc.edu.mx); ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8900-8943.
El marco normativo constitucional y reglamentario mexicano reconocen el derecho de las personas a disfrutar con una vivienda adecuada (antes vivienda digna y decorosa); este derecho exige que el Estado diseñe y aplique políticas públicas y presupuestales que hagan posible su ejercicio. Si bien, en México por muchos años se consideró a la vivienda como un bien mercantilizado por la oferta y demanda, a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se impulsó una política pública en donde la vivienda recobra su naturaleza de derecho social que debe ser garantizado a todas y todos, principalmente, aquellos sectores poblacionales históricamente olvidados o marginados. De ahí la necesidad de estudiar las políticas públicas y presupuestales destinadas a garantizar este derecho humano durante ese periodo, toda vez que un derecho fundamental que si bien está reconocido por el marco legal vigente, requiere del impulso de presupuesto público para su ejecución y materialización.
The Mexican constitutional and regulatory framework formally recognizes the right of individuals to enjoy adequate housing (previously designated as "decent and decorous housing"). This right necessitates that the State formulate and implement public and budgetary policies capable of facilitating its realization. While housing in Mexico was historically predominantly viewed as a commodity subject to market supply and demand, the administration of Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) promoted a public policy shift where housing reclaimed its inherent nature as a social right that must be guaranteed to all citizens, particularly those population sectors that have been historically marginalized or neglected. Hence, there is a compelling need to investigate the public and budgetary policies aimed at securing this human right during this specific period, given that this fundamental right, although formally recognized by the current legal framework, requires the commitment of public funding for its effective execution and materialization.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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