ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Doctor en Derecho. Profesor Investigador en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del SNII Nivel I. Perfil Deseable PRODEP. Miembro del Cuerpo Académico Ciencias Jurídicas UABC-CA-168. Autor de artículos de difusión y divulgación, de libros, de capítulos de libros, ponente en congresos nacionales e internacionales. Profesor de Licenciatura, Maestría y Doctorado. Juez Presidente del Tribunal Universitario de la UABC.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

FRANCISCO FELIPE DE JESÚS PÉREZ ALEJANDRÉ. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y EL DEBIDO PROCESO: EL CASO DE “LOS CUATRO CIVILES DE ROSARITO”. ISBN: 978-607-607-994-2. UABC, 2025.

FRANCISCO FELIPE DE JESÚS PÉREZ ALEJANDRÉ. SECURITY POLICIES AND DUE PROCESS: THE CASE OF “THE FOUR CIVILIANS OF ROSARITO”. ISBN: 978-607-607-994-2. UABC, 2025.

Reseñar una obra como lo es la titulada: Políticas de seguridad y el debido proceso El

caso de “Los cuatro civiles de Rosarito”. Es un reto profesional y una gran oportunidad por el nivel de la dimensión de análisis que realiza el autor, pues no sólo cita conceptos dogmáticos o abstractos jurídicos, sino que se basa en casos reales, como lo es, la detención arbitraria de cuatro personas, realizada el día dieciséis de junio del año dos mil nueve, en el Municipio de Rosarito, Estado de Baja California, México.

La obra en comento, es un trabajo científico mediante el cual se sistematiza información a partir de un caso concreto, como lo es “los cuatro civiles de Rosarito” iniciando con el análisis de un marco epistemológico e investigación interdisciplinaria, en el cual el autor afirma que, en un sistema de políticas públicas como el mexicano, en el que los actos de autoridad deben ser apegados a las normas jurídicas y a los derechos humanos garantizados por la Constitución, si entre las interacciones de este sistema, se da un acto de autoridad que trasgreda los derechos humanos, se cuenta con mecanismos, para auto regular o autocorregir estas fallas, como pueden ser el juicio de amparo o las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El autor, continúa la investigación sobre políticas de seguridad nacional, seguridad pública y derechos humanos, en la cual sostiene que, si se quiere tener una seguridad nacional en la cual se preserven los derechos humanos, en este caso, se respete el debido proceso y las detenciones sean las necesarias, para mantener la seguridad nacional y estén dentro del marco de estado de derecho, es necesario responder a que refieren con el debido proceso y las detenciones legales. Cuando se sospecha que una persona a cometido un delito o está en la comisión de alguno, no simplemente se le detiene y se le mete en la cárcel, si no que se tienen que seguir determinados requisitos establecidos en las leyes y consagrados en un derecho humano esencial, como lo es el debido proceso.

Con la misma rigurosidad científica, aborda el tópico sobre Convencionalidad, Derechos Humanos, seguridad nacional y seguridad pública, concluyendo que en la mayoría de las recomendaciones observadas se hace mención de la obligación de las fuerzas armadas mexicanas de seguir los Lineamientos del Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, en la cuestión de hacer un uso proporcional, acorde a la situación que se presente, de las armas de fuego que están a cargo de los miembros del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y Marina, en apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, para evitar la violación de estos últimos y que no se caiga en actos de arbitrariedad y abuso de autoridad, en las acciones para mantener la seguridad pública y la seguridad nacional.

De la misma manera el autor sostiene que, al analizar la recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las Secretarias del Estado encargadas de la administración de las Fuerzas Armadas Mexicanas por violaciones a los derechos humanos, en todas hay violaciones al debido proceso; aunque en una de estas, los hechos se derivan de una situación de flagrancia, como en la número 51/2014, la situación consignada en esta recomendación acabo en ejecuciones arbitrarias de las victimas que no tuvieron un juicio justo o un debido proceso en el cual pudieran defenderse. toman del derecho procesal, ya que la acción, la jurisdicción, el derecho probatorio, el proceso, son categorías de esta disciplina jurídica, lo cual es algo que no se puede soslayar. Al mismo tiempo y en atención a las normas constitucionales, la configuración normativa obliga a revisar la teoría de la Constitución en general, y la teoría de los derechos humanos, así como la teoría de la interpretación constitucional, en lo particular. Con base en esta confrontación, acerca de lo que las distintas fuentes del derecho han establecido sobre el debido proceso, el operador jurídico podrá comprender la dimensión institucional del mismo, que explica el alcance de las garantías procesales, para satisfacer el fin constitucional de la función jurisdiccional; de tal suerte que, muchas de las pretendidas incompatibilidades que encontramos dentro del proceso se solucionen cuando se reconoce el telos del proceso.

Por ejemplo, es común observar la confrontación entre debido proceso y seguridad pública, verdad procesal y verdad real, derechos del procesado y derechos de las víctimas, lo cual ocurre, en muchos casos, porque no se tiene claro cuáles son los aportes de la jurisprudencia nacional e internacional, ni aquellos que se desprenden de la doctrina, en las construcciones sobre el contenido de estos Derechos Humanos y en el alcance de los principios del debido proceso2.

El autor analiza cronológicamente el caso de “los cuatro civiles de rosarito”; de esta forma, se acerca al estudio del debido proceso, el cambio de contexto, la negación del debido proceso y las detenciones arbitrarias. Ruiz Martínez sostiene que, el debido proceso es un principio que establece la obligación de las autoridades de llevar a cabo todos los actos procesales de conformidad con las formalidades establecidas en la Constitución Federal, Tratados Internacionales y las leyes que de ella emanen, en particular del Código Nacional de Procedimientos Penales. El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso3.

El autor aborda el tópico sobre los cambios, para respetar el debido proceso por parte de las distintas fuerzas armadas, en el cual analiza las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las detenciones legales, el castigo a las detenciones arbitrarias en la legislación mexicana, cerrando con el debido proceso en el México actual.

La norma penal tiene una naturaleza pública, ya que se trata de un área de interés general para la sociedad. El ciudadano debe evitar estas normas de conducta prohibidas, en caso contrario será sancionado con pena de privación de la libertad o medida de seguridad. Los delitos más frecuentes están clasificados contra la vida y la salud personal, conducta cada vez más frecuente por la búsqueda que hacen los jóvenes de prácticas extremas, sobre todo que los controles sociales informales, como lo son la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo; dada la transformación social, han sido debilitados y se ha tenido que acudir a controles formales como policías, ministerio público, jueces, magistrados, carceleros, los cuales por su carencia de fuerza social al enfrentarse a la criminalidad, han dado muestras de su debilitamiento4.

En este libro que se reseña, se puede comprender y entender varios puntos importantes, para tocar cada punto y cada tema, se enfoca comenzando por el campo de la investigación interdisciplinaria, así relaciona y contrasta, las políticas públicas que surgen a través del fenómeno social de las necesidades y demandas de la ciudadanía, ya que la sociedad va en transformación y cambios a través de cada aspecto social, económico, territorial y político, ya que en cada factor, surgen distintas necesidades que, se exige responder a estas, al Estado, toda vez que su deber sería, responder a los fenómenos sociales, demandas y necesidades de cada sector, cada grupo de personas e individuos, pero al estudiarse se ha resuelto que son los DERECHOS que, tiene cada situación en su particularidad o grupo, es decir, que no se trata de ideas aisladas sino que los Derechos Humanos y Seguridad Pública son convergentes.

Un hecho importante y predeterminante surge, en contra de lo que es la dignidad humana, esta vulneración a los Derechos Humanos es trascendental ya que, la dignidad humana es, el fundamento inalienable y valor intrínseco de cada persona, siendo la base fundamental sobre la que se construyen todos los derechos.

Por otra parte, en este contexto socio-político, es la autodeterminación de los pueblos, como la invasión y colonización de países; el extermino de las personas a las que no se les consideraba iguales, por cuestiones de ideologías u origen étnico; y el asesinato sistemático de lo que fue la población civil durante las ocupaciones territoriales; por estas atrocidades cometidas en contra de los Derechos Humanos era necesario establecer un instrumento mundial unificador de principios y derechos, para todas las personas o individuos por igual, para garantizar y protegerlas, este instrumento fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos Derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, son inalienables. No deben suprimirse, al contrario, deben garantizarse y protegerse.

El fundamento jurídico se encuentra en el artículo primero, en los tres primeros párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, se abren las puertas a los tratados internacionales en el artículo 133 de la citada Ley Suprema, teniendo todo esto en claro, debe de haber un cambio de pensamiento, para ir más allá de lo que eran las concepciones de Políticas Públicas, pues ahora se admite que, en su elaboración e implementación conforme al marco jurídico nacional, el Estado, al implementar y aplicar políticas públicas, deben tomar en cuenta estos principios y criterios de los Derechos Humanos, ya que son fundamentales para el desarrollo de un País y los individuos que habitan en él, buscando garantizar la seguridad pública, la paz internacional, igualdad de oportunidades, bienestar en las personas, en la colectividad, libertad y la defensa del territorio.

Así concluye sosteniendo que, “Los derechos humanos, como el debido proceso, son un conjunto de bienes jurídicos protegidos que deben ser salvaguardados por las instituciones de gobierno, entre ellas, las Fuerzas Armadas. Esta manera de pensar y acción para la actuación del gobierno mexicano para proteger los derechos humanos se ve forzada por la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos del 23 de noviembre de 2009, que derivó en un conjunto de reformas en el sistema constitucional de nuestro país que comenzaron en el año 2011, para que se diera una protección adecuada a los derechos enmarcados en los tratados celebrados por México en esta materia”. estudiosos de las ciencias jurídicas, considerando que debe ser obligatoria, para los diferentes operadores jurídicos.

Núñez Torres, Michael G., El debido proceso como objeto del Derecho constitucional

procesal, en EL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

PROCESAL MEXICANO A la luz de la jurisprudencia y precedentes

nacionales e internacionales, México, BOSCH, 2013. Olmeda García, Marina del Pilar y González Reyes, Pablo Jesús, Mortalidad generada

por accidentes de tránsito en el contexto de la Frontera Norte de México,

Mexicali, Editorial UABC, 2018. Pérez Alejandré, Francisco Felipe de Jesús, Políticas de seguridad y el debido proceso

El caso de “Los cuatro civiles de Rosarito”, México, Editorial UABC, 2025. Ruiz Martínez, Simitrio, El ABC del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, Editorial Flores, 2018.

NOTAS

2. Núñez Torres, Michael G., “El debido proceso como objeto del Derecho constitucional procesal”, en El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano. A la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales, México, BOSCH, 2013, pp. 17-18.

3. Ruiz Martínez, Simitrio, El ABC del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, Editorial Flores, 2018, p. 6.

4. Olmeda García, Marina del Pilar y González Reyes, Pablo Jesús, Mortalidad generada por accidentes de tránsito en el contexto de la Frontera Norte de México, Mexicali, Editorial UABC, 2018, pp. 43-44.

REFERENCIAS

Núñez Torres, Michael G., El debido proceso como objeto del Derecho constitucional procesal, en El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano. A la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales, México, BOSCH, 2013.

Olmeda García, Marina del Pilar y González Reyes, Pablo Jesús, Mortalidad generada por accidentes de tránsito en el contexto de la Frontera Norte de México, Mexicali, Editorial UABC, 2018.

Pérez Alejandré, Francisco Felipe de Jesús, Políticas de seguridad y el debido proceso. El caso de “Los cuatro civiles de Rosarito”, México, Editorial UABC, 2025.

Ruiz Martínez, Simitrio, El ABC del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, Editorial Flores, 2018.