SANDRA CHÁVEZ MARÍN¹ · VÍCTOR ALEJANDRO WONG MERAZ²

El presente texto es resultado de un proyecto de investigación que desarrolló un grupo de investigadoras e investigadores, cuyo objeto de estudio se centra en entender: ¿por qué actualmente en México se habla de pluralismo jurídico? La finalidad es compartir con la comunidad y la sociedad elementos sencillos para entender esta categoría e identificar cómo se vincula o se involucra en un estado de derecho. La metodología empleada es la hermenéutica jurídica e histórica, la cual se distingue por ser el arte de interpretar, desde un sentido crítico y objetivo, los textos y trata de integrar aquello que puede ser observado, y, por ende, estudiado sistemáticamente para su mayor comprensión. Los resultados más relevantes consisten en verificar la vinculación que hay entre lo que se ha denominado pluralismo jurídico y las normas constitucionales en México que representan la base del reconocimiento de los derechos indígenas.

This text is the result of a research project developed by a group of researchers whose object of study focuses on understanding why legal pluralism is currently discussed in Mexico. The aim is to share with the community and society simple elements to understand this concept and identify how it is linked to or involved in a state governed by the rule of law. The methodology employed is legal and historical hermeneutics, which is distinguished by being the art of interpreting texts from a critical and objective perspective and seeking to integrate what can be observed and, therefore, systematically studied for greater understanding. The most relevant results consist of verifying the link between what has been termed legal pluralism and the constitutional norms in Mexico that represent the basis for the recognition of indigenous rights.

Este documento se escribe a partir del desarrollo de un proyecto de investigación colectivo en el que participaron investigadores e investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, como respuesta a la convocatoria emitida por la Universidad, mediante la cual los investigadores interesados en la atención de fenómenos sociales con incidencia en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, presentan propuestas para trabajar desde lo teórico y práctico en la atención especializada de un objeto de estudio en particular. En este caso se trata de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es poner a disposición de la comunidad información sencilla y clara que permita comprender los elementos epistemológicos de lo que se denomina pluralismo jurídico, identificar dónde surge y lo más importante por qué está cobrando singular trascendencia dentro del sistema jurídico mexicano. Se parte del supuesto que evidencia la necesidad de responder la siguiente interrogante: ¿El sistema jurídico mexicano se mantiene como sistema normativo hegemónico y heterónomo o ya transitó a un sistema en el que permea el pluralismo jurídico? Es un tema que cobra relevancia por varios factores. Uno es que, doctrinalmente hasta este momento es poco explorado, lo que implica que la literatura es aún limitada. Por otro lado, es necesario verificar si el pluralismo jurídico transforma estados de derecho ya consolidados o simplemente es un fenómeno que se reconoce para cerrar brechas de desigualdad estructural. Otro factor que hace destacable la presente publicación es que se abordan tópicos que permiten la distinción entre el derecho indígena y el pluralismo jurídico dentro del sistema jurídico mexicano.

Las ideas que se plasman llevan una estructura que permite primero reflexionar sobre los aportes doctrinarios que ayudan a definir el pluralismo jurídico, a la luz de la teoría del realismo jurídico de Alf Ross. Posteriormente se hace un análisis jurídico del cómo se ha ido permeando este fenómeno en el Estado de Derecho Mexicano, proporcionando así algunas líneas de análisis en torno a la transformación que ha sufrido el sistema jurídico o normativo de este país. Finalmente, se comparten algunas acciones afirmativas que se han venido ejecutando al interior del territorio mexicano con miras a consolidar no sólo el reconocimiento discursivo del pluralismo jurídico sino la praxis del mismo en beneficio de los grupos indígenas que habitan en esta nación. A partir de lo anterior se pretende generar nuevas intenciones de conocimiento o indagación sobre el tema, ya que surgen cuestionamientos interesantes, sobre todo porque es un fenómeno que se puede analizar desde diferentes aristas.

A manera de preámbulo es dable señalar que uno de los factores que detonan el surgimiento de lo que actualmente se denomina pluralismo jurídico, nace en la noción de que, en una sociedad coexisten múltiples sistemas legales, cada uno con su propia autoridad y normas. Otro elemento detonador es la idea de ser el producto de la diversidad cultural, social y política de las sociedades contemporáneas, donde diversos grupos pueden poseer tradiciones legales, costumbres y normas particulares. Consecuentemente está ligado a la necesidad de reconocer y respetar la diversidad de perspectivas legales que coexisten en un mismo contexto. Visto en un Estado de Derecho, se puede advertir que el pluralismo jurídico está relacionado con el reconocimiento de los derechos de las minorías y la necesidad de adaptar el derecho a contextos específicos; es decir, hacer tangible una justicia social. En palabras del jurista Santi Romano, citado por Sánchez Castañeda, la pluralidad de sistemas jurídicos resulta de la crisis de la hegemonía del Estado moderno, lo anterior en virtud de que, la falta de reconocimiento de sistemas por parte del Estado, no están en la posibilidad de asegurar una eficacia completa, y en este mismo sentido el derecho estatal, en la medida que desconoce e ignora estos sistemas, termina por sufrir también un cierto grado de ineficacia3. Esto se convierte en un antecedente importante

Santi Romano, citado en Alfredo Sánchez-Castañeda, “Los orígenes del pluralismo jurídico,” en Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, coord. Nuria González Martín, tomo I, Derecho romano. Historia del derecho (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 471–485.

para el surgimiento del fenómeno en estudio, porque de lo contrario, el estado moderno estaría al borde de una crisis que implica precisamente que un gran número de grupos sociales tiendan a construirse cada uno una esfera jurídica independiente, dejando atrás el sistema jurídico creado por el Estado. El pluralismo jurídico en México se ha comprendido desde la idea de que no existe un único ordenamiento jurídico que se alegue a todos los individuos de una sociedad. Es decir, que diferentes grupos, como comunidades indígenas o étnicas, tienen la posibilidad de mantener y practicar sus propias normas y procedimientos legales. Circunstancia que ha detonado una polémica importante en el campo de las ciencias jurídicas, tal como lo fue en su momento el tema del control de convencionalidad, sobre todo porque se trastocan principios constitucionales como el de la supremacía constitucional o la inviolabilidad de la misma. Surgiendo así la hipótesis sostenida por diversos autores en torno a que se vive una transición del monismo jurídico al pluralismo. Bajo este contexto, resulta necesario traer la ideología de Cotterrell4, quien afirma que el monismo jurídico sostiene que el derecho es y sólo es el derecho producido por un órgano competente, aquel que estudian y aplican los abogados, en el que se basan los jueces para dictar sus sentencias y que está respaldado por el uso de la fuerza legítima del Estado. En tanto que, Ehrlich5, articuló la idea del derecho vivo para denominar aquellos órdenes normativos paralelos al Estado que surgen espontáneamente en la vida cotidiana como forma de autorregulación y que llegan a ser más importantes para la sociedad que el propio derecho creado y sancionado oficialmente. Partiendo de estas ideas es posible advertir que, resultado de cuestionar la idea de que el derecho solo es el creado por el Estado, nace la corriente ideológica jurídica de pluralismo jurídico, a razón de reconocer la existencia de normas o reglas de vida que en palabras de Ehrlich se puede llamar derecho vivo. Nacen otros sistemas normativos no creados por el Estado, sistemas que subsisten de manera paralela al

Roger Cotterrell y John Griffiths son considerados los autores centrales en el pluralismo jurídico contemporáneo. Roger Cotterrell, “The Sociological Concept of Law,” Journal of Law & Society 10, no. 2 (1983): 241–255, https://www.jstor.org/stable/1410234. Eugen Ehrlich, “Sociología y jurisprudencia,” en Escritos sobre sociología y jurisprudencia (Madrid: Marcial Pons, 2005), 89–107.

sistema de normas. Consecuentemente son o deben ser reconocidas por el Estado aun cuando no sean creadas por un órgano estatal. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués es un defensor del pluralismo jurídico, argumentando que es esencial para reconocer y validar las diversas formas de conocimiento y prácticas legales que existen en diferentes culturas. Para él, el pluralismo jurídico es una forma de democratizar el acceso a la justicia, siempre y cuando este contribuya a reducir la desigualdad de las relaciones de poder y, por ello, a reducir la exclusión social o a mejorar la calidad de la inclusión social; o, si por el contrario, fortalece los intercambios desiguales y reproduce la exclusión social. 6 Otra postura doctrinal sostiene que el pluralismo jurídico constituye uno de los conceptos centrales tanto de la antropología como de la sociología jurídica, y se refiere a la coexistencia de sistemas jurídicos diversos dentro de un mismo campo social, lo cual cuestiona la visión etnocéntrica del derecho occidental, que ha sido construida asignándole el papel de único y legítimo referente de derecho por el positivismo jurídico.7 Lo hasta ahora expuesto permite identificar algunos elementos que permiten definir como se ha ido concibiendo el pluralismo jurídico. Sin embargo, hasta este momento, la doctrina no ha sido tan clara o específica en generar alguna conceptualización. Por ello, y como resultado del estudio, análisis e interpretación de las aportaciones de los autores antes mencionados, es posible intentar construir gnoseológicamente una definición de pluralismo jurídico: Corriente socio-jurídica que reconoce la existencia de más de dos sistemas normativos que regulan la convivencia de una sociedad, con autonomía pero con reconocimiento recíproco, se distinguen entre ellos por su fuente de creación y cuya finalidad es proveer seguridad, confianza y certeza jurídica. Con esta acepción de pluralismo jurídico tiene como marco teórico la teoría de Alf Ross, considerado el padre del realismo escandinavo y en la doctrina mexicana se identifica como realismo jurídico. En este sentido, cobra relevancia la necesidad de comprender en qué consiste esta teoría. De acuerdo con este autor las normas jurídicas son directivos o directrices impersonales, y las clasifica en tres grupos:

Boaventura de Sousa Santos, Sociología jurídica crítica: Para un nuevo sentido común en el derecho (Madrid; Bogotá: Trotta; ILSA, 2009). Peter Fitzpatrick, La mitología del derecho moderno (México: Siglo XXI, 1998).

▪ Directivos impersonales autónomos, estas son creadas por el propio sujeto que los ha de cumplir ▪ Directivos impersonales heterónomos, aquí entrarían las normas jurídicas propiamente, Ross explica que, en estas directrices no se identifica con claridad el receptor de la norma ni al emisor de la misma ▪ Directivos impersonales autónomos-heterónomos, estas reglas o normas las equipara a las reglas de un juego, y en el pensamiento de Alf Ross destaca en particular el ajedrez, al señalar que en este juego las reglas pueden ser atribuidas a una asociación u organización, sin embargo también pueden ser aceptadas y reconocidas porque se crearon en el tiempo sin identificar quién las crea, es decir se pueden visualizar como reglas consuetudinarias construidas en el tiempo. 8 Bajo la óptica de Alf Ross el pluralismo jurídico toma vida y forma como objeto de estudio de la ciencia del derecho, porque se constituye un sistema de normas o directrices que regulan conductas sociales y estas normas o directivos se caracterizan por ser impersonales autónomas-heterónomas, que convergen en el mismo tiempo y espacio. En este sentido también es posible adminicular la idea de pluralismo jurídico como un fenómeno que nace en un estado de derecho con la intención de evidenciar políticas o acciones que inciden en el objetivo número 10 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, denominado Reducción de las Desigualdades. En el este se ha hecho énfasis en que, la desigualdad por razón de diversos factores entre ellos la raza, la clase social, o la pertenencia a una etnia, sigue persistiendo en todo el mundo y además se percibe como una amenaza en el desarrollo social y económico a largo plazo de un país. La idea de trabajar para lograr igualdad social se ha convertido en un derecho humano que garantiza una vida digna para las personas, por consiguiente, todos los países que asumieron los compromisos de la Agenda antes mencionada tienen la responsabilidad de propiciar políticas económicas y sociales que deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas. En el caso del pluralismo jurídico, se pone como eje social, a las personas que pertenecen a grupos étnico o indígena. La esencia del pluralismo se puede visualizar como un agente reductor de brechas de desigualdad para las comunidades indígenas, porque ante el reconocimiento,

D. Julien, “El realismo jurídico de Alf Ross,” Contraargumento (blog), 13 de agosto de 2019, párr. 5–8, https://contraargumento.home.blog/2019/08/13/el-realismo-juridico-de-alf-ross/.

aceptación y práctica de sus usos y costumbres como normas y reglas de convivencia, estos grupos se fortalecen porque gozan de manera paralela de todos sus derechos sin experimentar acciones que transgreden su dignidad humana. Por ejemplo, podrán ejercer un acceso al derecho de justicia, desde sus propios sistemas normativos, sin visualizarse en un plano de desigualdad, por falta de conocimiento y sobre todo de entendimiento respecto de las normas jurídicas.

El Estado de Derecho Mexicano, se caracterizó hasta el siglo XX porque en la ley suprema imperaba el principio de supremacía constitucional, doctrinalmente ligado a la tan estudiada pirámide de Kelsen. Consecuentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concibió por décadas como el ordenamiento legal máximo del sistema jurídico mexicano, desconociendo así toda ley o norma que no fuera congruente con lo establecido en los 136 artículos de esta Carta Magna. Sin embargo, en el siglo XX el sistema gubernamental enfrenta una serie de fenómenos políticos y sociales, internos y externos, dando como resultado la necesidad de reformar diversos artículos constitucionales, considerando que esta es una opción para atender las necesidades o exigencias de la sociedad. Bajo este contexto la ley fundamental entra en un laboratorio legislativo importante. Se observó que el factor detonador en todos estos procesos legislativos, que se inician desde 1995, continuando hasta 2017, fue el reconocimiento, garantía, seguridad y protección total a los derechos humanos y la obligación estatal de difundir y educar en este sentido, atendiendo a los principios inherentes a estos. Consecuentemente la sociedad de esta época toma conciencia y levanta la voz para que el Estado de Derecho Mexicano genere los mecanismos necesarios para que las personas que radican en territorio mexicano puedan ejercer sus derechos humanos, destacando el principio de igualdad y no discriminación. Destacando además en estos procesos de reforma constitucional, el reconocimiento de la constitución de una nación pluricultural y multiétnica, pero sobre todo este reconocimiento constitucional tiene como fuente origen, avanzar en un Estado de Derecho que proporciona las condiciones óptimas a los grupos que por alguna razón han sido marginados o discriminados. En este sentido y retomando lo expuesto en el primer apartado de este artículo, es posible advertir que hablar de pluralismo jurídico en México es una consecuencia de todos estos fenómenos sociopolíticos, cuyo fin es dar respuesta a una sociedad exigente

y necesitada de acceder a una administración e impartición de justicia. Dicho de otra manera, en el siglo XX los grupos minoritarios toman fuerza y son vistos por el sistema gubernamental, generando distintas propuestas e iniciativas que se han caracterizado por este tránsito del monismo jurídico al pluralismo. Esta hipótesis cobra sustento jurídico con el análisis de los siguientes artículos constitucionales, mismos que sufrieron alguna modificación en comparación con su texto original: Artículo primero constitucional en su párrafo tercero, actualmente dice: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.9 Este párrafo fue reformado en junio de 2011 y en este mandato constitucional se observa con claridad la obligación que asume el Estado en dos sentidos: primero, la salvaguarda y garantía de los derechos humanos en función de los principios inherentes a estos; y segundo, si esto no se garantiza y se ejerce en todos los ámbitos, entonces se asume la obligación de investigar y sancionar, de tal manera que el Estado se convierte en el ente rector que debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En este mismo artículo primero constitucional cabe destacar la reforma que se tuvo en el año 2001, 2006 y 2011, por cuanto hace al párrafo quinto que a la letra dice: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.10 Con esta incorporación de texto al primer artículo de la Carta Magna, el Estado de Derecho Mexicano intenta atender y subsanar aquellas demandas sociales resultado de acciones de discriminación que han generado desigualdades estructurales y sistémicas. Por tanto, fue necesario precisar el abanico de condiciones que pueden

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], art. 1, párr. 3, Diario Oficial de la Federación [DOF], 10 de junio de 2011. CPEUM, art. 1, párr. 5, DOF, reformado el 4 de agosto de 2001 y el 10 de junio de 2011.

generar actos de discriminación en diferentes ámbitos sociales. Justamente en este párrafo se reconoce con claridad que existe discriminación por origen étnico marcando una desigualdad social que atenta incluso contra la dignidad humana. Si se hace un ejercicio de interpretación hermenéutico-exegético, se hace necesario indagar un poco sobre dignidad humana, por qué se incluye esta categoría en el texto constitucional. Es sabido que la conclusión de la segunda guerra mundial dio origen no sólo a diferentes documentos o instrumentos internacionales sino más aún dio la pauta para generar y difundir nuevas ideologías. En este sentido hablar de dignidad humana a partir de 1950 se vuelve un eje toral en cualquier discurso jurídico y en México se incorpora en el año 2001 y se ha entendido como: Un valor superior, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana.11 En este sentido es dable señalar que dignidad humana en el plano jurídico se reconoce como un principio, como una base, como la esencia del Estado de Derecho; y en este sentido, se traduce como el reconocimiento de la corriente iusnaturalista permeando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, si a estas modificaciones del artículo primero constitucional se suman las que sufrió el artículo dos de la ley fundamental de México, en los años 2016 y 2019 y recientemente 2024. Con gran certeza jurídica se observa un tránsito de un estado de derecho que se caracterizó por el denominado monismo jurídico a un pluralismo jurídico. Particularmente cuando en el año 2016 se reforma la fracción III apartado A del artículo segundo constitucional para quedar de la siguiente manera: A. ... III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de

México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada P. LXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Pleno, tomo XXX (diciembre de 2009), 8.

México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.12 Es indispensable referir que el apartado A de esta disposición constitucional reconoce la libertad de determinación de los pueblos indígenas, y consecuentemente, la autonomía para algunos aspectos respecto a su forma de vivir y desarrollarse dentro del territorio mexicano. Siendo así y a partir de la reforma en cita del 2016, se pone de manifiesto el reconocimiento y aceptación por parte del Estado de normas y procedimientos distintos a los regulados por el sistema jurídico mexicano vigente. Particularmente en el texto de esta fracción III, se observa que los procesos electorales de los representantes en estos pueblos o comunidades seguramente responden a una organización distinta a los procesos electorales que se practican a nivel municipal. Sin embargo, se deja la limitación de no ser contrarios al pacto federal o a la constitución local de las entidades federativas. Ahora bien, en este año 2024 se desencadenó un proceso legislativo importante mediante el cual se modifica prácticamente todo el contenido del artículo segundo de la ley fundamental de México, con la intención de dar un reconocimiento total a los grupos originarios de esta nación. Pero más que el reconocimiento, tiene como principal objetivo, que el nuevo texto constitucional sea la base para impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad y no discriminación de estos grupos. Sin duda alguna, este gran ejercicio de ingeniería legislativa representa con mayor claridad ese tránsito del que se ha hecho mención en párrafos que anteceden, en donde México evoluciona de una etapa de monismo jurídico para colocarse de cara a un pluralismo jurídico. Para sustentar esta hipótesis, será necesario hacer un análisis minucioso en torno a esta gran reforma constitucional de 2024, mediante la cual se transforma el contenido del artículo segundo. De acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma, el principal argumento fue la naturaleza intercultural de la nación y característica de la sociedad mexicana. Por ende, se tiene la necesidad de generar y propiciar igualdad y cohesión social. De tal suerte que se construya una identidad colectiva relacionada con la pluriculturalidad, derechos humanos, democracia, igualdad de género y no discriminación. En este sentido

CPEUM, art. 2, apartado A, fracc. III, DOF, 29 de enero de 2016.

es dable destacar que, el grupo parlamentario que presentó esta propuesta o iniciativa de reforma constitucional sostuvo que: La interculturalidad, al propiciar el diálogo entre los miembros de sociedades culturalmente diversas es un concepto dinámico, a diferencia de la pluriculturalidad que sólo reconoce la existencia de esa sociedad diversa pero no los hace dialogar, los trata a cada diversidad cultural encasilladas y ajenas al resto, de ahí que las políticas públicas pluriculturales no han funcionado, no han logrado esa cohesión social que se persigue y sólo ha permitido una relación entre desiguales.13 El texto que se transcribe representa la esencia del argumento que sustentó la propuesta para reformar el segundo párrafo del artículo en estudio de la carta magna, de donde se desprende que se hace un especial pronunciamiento por el término interculturalidad y se diferencia de la pluriculturalidad; agregando que el mandato constitucional, hasta ese momento, sólo hace un reconocimiento normativo de los grupos con culturas diversas. Sin embargo, parece que ese reconocimiento no es suficiente para evitar actos discriminatorios; y por ello será necesario identificar la interculturalidad para propiciar y generar además del reconocimiento la interacción de estos grupos entre ellos y con las mayorías de tal suerte que se logre una cohesión y hasta cierto punto un intercambio de hábitos, usos y costumbres permitiendo así una verdadera cohesión social. Bajo los argumentos hasta aquí mencionados, es posible identificar que, de forma general, con esta gran reforma constitucional se logró: el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas —incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas— como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.14 Lo anterior queda consagrado constitucionalmente hablando al tenor de lo siguiente: El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Para el

Sistema de Información Legislativa (SIL), Secretaría de Gobernación, iniciativa de reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, 2024, http://sil.gobernacion.gob.mx/portal. Cámara de Diputados, Comunicación Social, “DOF publica reforma constitucional que reconoce derechos a pueblos y comunidades indígenas,” nota núm. 252, 2024, https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-reforma-constitucional- que-reconoce-derechos-a-pueblos-y-comunidades-indigenas.

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.15 Al hacer un ejercicio de análisis en función del tema que atañe al presente documento se observa que, desde el momento en que el mandato constitucional reconoce a estos grupos sociales como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia, en automático concede la autonomía para organizarse y, consecuentemente, se respetarán sus formas, usos y costumbres. Dicho de otra manera, se les reconoce el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, particularmente cuando se hace alusión a la elección de sus representantes y sus formas internas de gobierno. Lo anterior implica el reconocimiento de otro u otros sistemas normativos distintos a los ya establecidos en el sistema jurídico mexicano. Por ende, resulta inconcuso la presencia del pluralismo jurídico en la nación mexicana. Al dar lectura a la fracción III del artículo constitucional en mención que a la letra reza: Elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad…16 Con todas las modificaciones que se hicieron en el año 2024, específicamente al artículo 2 de la Carta Magna, el Estado Mexicano proyecta una acción gubernamental con la que se intenta erradicar o disminuir la desigualdad sistémica y estructural con la que se han venido desarrollando estos grupos sociales, particularmente los grupos étnicos. Sin embargo, más allá de esto, jurídicamente hablando, lo que se está consolidando es un pluralismo jurídico real dentro del Estado de derecho mexicano.

Con lo hasta ahora vertido, es posible señalar que, en México, doctrinal y normativamente hablando, el pluralismo jurídico ya es un hecho inminente. Por esto, los estudiosos del derecho tienen una institución que estudiar y valorar; sobre todo porque

CPEUM, art. 2, párr. 5, DOF, 30 de septiembre de 2024. CPEUM, art. 2, apartado A, fracc. III, DOF, 30 de septiembre de 2024.

también se reconoce la existencia de una disciplina jurídica denominada derecho indígena que tiene muchos aspectos vinculantes con el pluralismo jurídico. A manera de breviario, es necesario analizar cómo se ha definido hasta ahora el derecho indígena. No se soslaya que el estudio de este, hasta ahora, se hace de manera paralela al pluralismo jurídico. Sin embargo, esta disciplina jurídica se ha definido como el conjunto de normas, reglas, o principios generales del derecho en una comunidad o en un municipio, que regulan dinámicas y procesos sociales que explican el sentido de justicia y justifican una resolución. Es importante distinguir que los principios generales del derecho de una comunidad, municipio o región se desprenden de su historia tomando en cuenta particularidades.17 En estricto sentido, Cruz Rueda18 afirma que los llamados usos y costumbres indígenas, o bien, los sistemas normativos indígenas, constituyen parte del campo jurídico, y como tales, deben ser entendidos como un derecho propio. Dicho de manera aún más sencilla, el derecho indígena se concibe como el conjunto de normas, principios y reglas de derecho consuetudinario que regulan la convivencia y procesos de pueblos indígenas. Ahora bien, en el entendido de que México es un país que se reconoce como pluricultural, y consecuentemente el Estado de Derecho ha resignificado el sistema jurídico estatal con la finalidad de dar seguridad, certeza y garantía de los derechos humanos de estos pueblos, es interesante identificar cuáles han sido las acciones afirmativas estatales que han hecho tangible y práctico el pluralismo jurídico. En esta tesitura, es necesario hacer una pausa para tener claridad en la categoría de acción afirmativa, la cual, con base en La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, esta se entiende como el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.19

Edith Cruz Rueda, “Los principios generales del derecho en Totontepec Mixe, Oaxaca” (ponencia presentada en el Encuentro Pueblos y Fronteras, Precongreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5–9 de septiembre de 2005). Edith Cruz Rueda, “Principios generales del derecho indígena,” en Hacia sistemas jurídicos plurales: Reflexiones y experiencias de coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena, coords. Rudolf Huber, Juan Martínez y Christiane Lachenal (Bogotá: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008), 29–48. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, art. 5, fracc. I, DOF, 2 de agosto de 2006 (última reforma DOF 29 de diciembre de 2023); véase también Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “Acciones afirmativas,” Glosario para la igualdad, consultado en octubre de 2024, https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas.

A partir de este referente, es posible advertir que una acción afirmativa es una acción que se implementa por parte del Estado para propiciar igualdad sustantiva. En el caso de la ley en mención, se refiere específicamente a la igualdad de género entre hombres y mujeres. Sin embargo, no es posible soslayar que, el tema central de este artículo radica en grupos sociales que se han caracterizados por sufrir algún tipo de marginación o discriminación. Por tanto, la categoría de acción afirmativa también es posible utilizarla en el tema en estudio. Resulta importante hacer mención de que los grupos indígenas o étnicos al igual que otros grupos sociales se han considerado grupos sociales en desventaja, o vulnerables, en virtud de que, por diferentes factores —que pueden ser sus usos y costumbres— se les ha limitado el acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo. Bajo esta perspectiva se puede sostener que las acciones afirmativas se pueden visualizar como aquellas políticas públicas cuyo objetivo es compensar, modificar o erradicar condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso y discriminación positiva. En este apartado se hace un especial pronunciamiento de algunas acciones se han hecho en algunas entidades del país que han sido fuente real del reconocimiento y convalidación del derecho indígena en el sistema jurídico mexicano. Oaxaca es una entidad que se distingue por su riqueza pluricultural. Consecuentemente, en esta entidad se han gestado algunas actividades como por ejemplo el Seminario Internacional sobre Sistemas Normativos Indígenas y Pluralismo Jurídico, convocado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), el cual se llevó a cabo en noviembre de 2021. En este evento se hizo notar la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Su objetivo principal fue generar un espacio y una oportunidad para la reflexión de un tema fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. En este evento el Presidente del Tribunal de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez señaló: El pluralismo jurídico ha sido un proceso largo, intermitente y a ratos difuso, porque pareciera que la euforia generada por su reconocimiento en el Derecho nacional e internacional se ve trastocada por un persistente tratamiento

asimilacionista y la continua denegación de su derecho a la diferencia que se inscribe en la noción de los derechos colectivos. Destacó también que resulta cotidiana una situación de discriminación cultural y de racismo judicial que finalmente se traduce en la falta de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.20 En este sentido, se observa con claridad que Oaxaca es una entidad que ha mantenido lucha constante para el reconocimiento de sus reglas, usos y costumbres en el derecho estatal nacional, muestra de ello es su Constitución de 1825, en la que se reconoce la presencia de los pueblos indígenas. En 1998 promulgó la Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, inédita en México en esa época. Con esto, se observa que estas acciones legislativas son fuentes históricas del derecho indígena. De las acciones afirmativas más importantes, en cuanto al tema en estudio es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En consecuencia, el reconocimiento de distintos derechos como el derecho a la libre determinación, a la educación intercultural, a la no discriminación, al patrimonio cultural, a sus territorios, al conocimiento tradicional. En síntesis, el reconocimiento del derecho al Derecho y, con ello, el derecho de los pueblos indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos. Otra acción que se destaca en este sentido es la creación de tribunales o juzgados que se dedican a dar atención a estos grupos vulnerables. Por ejemplo, en 1997 en Quintana Roo, se crearon los juzgados indígenas, seguido por Campeche, Chiapas, Puebla y Michoacán. Hasta 2023 el Estado de México, a través del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, crea una sala que atiende asuntos de los grupos étnicos u originarios de la entidad. En este apartado se comparte información interesante sobre la praxis que vivió Michoacán en la creación de tribunales de esta naturaleza, denominados juzgados comunales. Los cuales se gestaron a partir de la reforma judicial en Michoacán con la publicación de la nueva Ley Orgánica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y la Ley de Justicia Comunal, de febrero de 2007. Dentro de las muchas modificaciones realizadas al aparato de justicia de la entidad federativa, se incluyó la

L. Jerónimo, “Inauguran seminario internacional sobre pluralismo jurídico,” Quadratín Oaxaca, 22 de noviembre de 2021, https://oaxaca.quadratin.com.mx/inauguran-seminario-internacional-sobre- pluralismo-juridico/.

instalación de los juzgados comunales, cuya finalidad sería la de garantizar el acceso a la justicia del Estado a los pueblos indígenas.21 Michoacán vivió un cambio en el sistema judicial. Sin embargo, las críticas de especialistas en derecho y sociología han referido que sólo fue un cambio para oficializar la justicia que aplican las comunidades indígenas. Lo anterior toda vez que, previo a esta reforma, en la entidad de Michoacán ya existían Juzgados denominados juzgados menores de tenencia —órganos encargados de dar atención a las controversias que se suscitaban entre personas de grupos indígenas—. Con la reforma, surgen los llamados juzgados comunales; y no se notó cambio de fondo. Por ejemplo, en ambos órganos el juez es designado por la comunidad; no recibían un salario del poder judicial local; tampoco eran supervisados por éste. Lo único que el Supremo Tribunal les proporcionaba era una credencial que les acreditaba como juzgadores. Otros aspectos interesantes que resultan son: para ser Juez de estos órganos jurisdiccionales, no se requiere ser abogado, incluso sin profesión es posible aspirar al cargo —siempre y cuando sea un miembro distinguido en la comunidad—; el procedimiento judicial que desarrollan estos juzgados estará exento de formalidades y que será oral; además se destaca el carácter conciliatorio de los procedimientos. Ahora bien, el Estado de México no ha sido la excepción. En el año 2023, se aprobó y publicó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, cuya esencia fue la creación de una Sala especial para atender asuntos indígenas. Esta es un órgano jurisdiccional que pertenece a la estructura del Tribunal Superior de Justicia del Estado y está integrado por cinco magistradas o magistrados del Pleno. Uno de ellos fungirá como presidente el cual es elegido por mayoría sin posibilidad de reelección, el colectivo encargado de la designación es el Consejo de la Judicatura. Este nuevo órgano jurisdiccional se puede traducir en una acción afirmativa por parte del Estado en pro del reconocimiento y respeto a la cultura de los pueblos Matlazinca, Mazahua, Náhuatl, Otomí y Tlahuica, así como de los demás pueblos originarios que forman parte de la identidad. De acuerdo con el comunicado legislativo número 1679, esta Sala conocerá de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales en donde alguna de las partes se asuma como integrante de algún pueblo originario y se planteen cuestiones del

Orlando Aragón Andrade, “El pluralismo jurídico en los juzgados comunales de Michoacán: Una propuesta teórica para su estudio,” Pueblos y Fronteras Digital 6, núm. 9 (2010): 155–179.

propio pueblo que se confronten con la tutela de derechos humanos; también atenderá de las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas; y otra de las funciones interesantes es que, emitirá opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas al aplicar sus sistemas normativos; y propondrá al Pleno protocolos de actuación para el juzgamiento con perspectiva de interculturalismo jurídico.22 Con esta acción pareciera que el gobierno de la entidad mexiquense responde de manera paulatina a las necesidades y exigencias de los pueblos originarios, sobre todo en el tema que atañe al presente documento. Sin embargo, es válido hacer algunos pronunciamientos en particular sobre la creación de la Sala de Asuntos Indígenas. Primero, se observa que este órgano jurisdiccional es creado como parte de la estructura del Poder Judicial. Al ser una Sala, indica que es una instancia superior a la de un Juzgado. Además, una de sus principales funciones es, como se mencionó en supra líneas, conocer de recursos ordinarios de las resoluciones en donde una de las partes se reconozca como integrante de un pueblo originario. Esto indica que, aun hasta este momento en el Tribunal Superior de Justicia no se cuenta con Juzgados (órganos jurisdiccionales de primera instancia) exclusivos para la atención de controversias en donde las partes o al menos una de ellas sea identificado como integrante de una comunidad o grupo indígena. Esta situación en la praxis se atiende con diferentes acciones que son complementarias o quizá emergentes ante el reconocimiento del pluralismo jurídico, con otras que ha implementado el gobierno de la entidad mexiquense como, por ejemplo: las jornadas de Defensor Público Itinerante, las reuniones o asambleas que se convocan por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), en diversas comunidades indígenas de la entidad mexiquense. No se soslaya que el Instituto de la Defensoría Pública cuenta con Defensores Públicos especializados en lenguas Mazahua y Otomí. Sin embargo, siempre son esfuerzos que se visualizan en vías de consolidación, porque en el Estado de México se identifican con claridad al menos cinco grupos originarios. Es decir, están faltando defensores que también hablen el Tlahuica, Matlazinca y el Náhuatl. Además de que, para tener acceso

Diputadas y Diputados Locales del Estado de México, “Comunicado 1679,” 28 de febrero de 2023, https://www.legislativoedomex.gob.mx/boletin/3fc64e1e-b5e2-4097-8d7a-b887db7250ff.

a un defensor especializado, hay que conocer el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir para poder tener el servicio del patrocinio de un profesional. Es dable hacer especial mención a la institución que se creó desde el año de 1994 en la entidad el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Su naturaleza jurídica consiste en ser un organismo público descentralizado, por ello, tiene personalidad jurídica propia. Dentro de sus principales funciones, destaca propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, mediante la construcción y rehabilitación de la infraestructura básica comunitaria, mejoramiento de la vivienda, creación de fuentes de empleo, atención a necesidades básicas, fortalecimiento y difusión de la cultura indígena. Este Consejo está integrado por servidores públicos federales y estatales, así como representantes de los pueblos indígenas. Con la creación de este tipo de organismos, el estado intenta dar cumplimiento al mandato constitucional que dice: La Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.23 Sin duda en México se han implementado acciones afirmativas para visibilizar y hacer tangible la igualdad y erradicar la discriminación que vivieron en algún momento o por alguna circunstancia las personas que se identifican como integrantes de los grupos originarios del país. Aun así, es posible advertir que con todo lo hasta ahora logrado sólo se ha ido consolidando lo que la doctrina ha llamado pluralismo jurídico. La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. Es preciso redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, e invertir más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. Dentro de los mismos países, es importante potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo. Es posible garantizar la igualdad de oportunidades

CPEUM, art. 2, apartado B, DOF, 30 de septiembre de 2024.

y reducir la desigualdad de los ingresos si eliminamos las leyes, políticas y prácticas discriminatorias. Entre países, deben garantizar que los países en desarrollo estén mejor representados en el proceso de toma de decisiones sobre los problemas mundiales, a fin de que las soluciones sean más eficaces, más dignas de crédito y más responsables. Los gobiernos y otras partes interesadas pueden también promover la migración segura, regular y responsable, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, para los millones de personas que han abandonado sus hogares en busca de mejores condiciones de vida debido a la guerra, la discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades y otras causas de la migración24. Estos cambios transformadores siempre tendrán como base o eje toral el ejercicio práctico de los derechos humanos. En otras palabras, si bien las acciones que se ponen en marcha evidencian los esfuerzos estatales para el reconocimiento e inclusión de grupos vulnerables, también lo es que lo complejo se observa en el momento en el que se ejercen los derechos humanos de las personas indígenas y cobra practicidad el pluralismo jurídico. Un ejemplo además del que se analizó en supra líneas sobre tutela jurisdiccional, también es el ejercicio del derecho a la educación, el cual cobra singular particularidad debido a que el mandato constitucional señala: Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país…25 Esto indica que la institución encargada de la directriz educativa en México tiene la obligación de garantizar la existencia de contenido en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas. Consecuentemente se abren vertientes interesantes en donde el sistema gubernamental entra en acción. Bajo este supuesto se tiene la necesidad de contar con profesores o responsables del diseño de estos contenidos. Asimismo, surge la necesidad de crear directrices para aplicarse, en qué lugares, en qué niveles, con qué grupos sociales y garantizar la existencia de recursos humanos y

Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos,” Objetivos de Desarrollo Sostenible, consultado el 21 de agosto de 2026, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. CPEUM, art. 3, párr. 12, DOF, 15 de mayo de 2019.

materiales para que estos conocimientos de lenguas indígenas se desarrollen realmente como parte de los planes y programas. Aunado a que el propio artículo tercero de la Carta Magna, en su inciso e) dispone: “En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural”26. Bajo este contexto es posible advertir la gran responsabilidad que asume el Estado en materia de educación respecto a los grupos indígenas. Se reconocen los esfuerzos, como por ejemplo la creación de Universidades Interculturales. Aun con todo esto, siempre existe la necesidad de generar las condiciones adecuadas para poder atender todos los niveles educativos y garantizar la salvaguarda del ejercicio del derecho a la educación de manera integral bajo el principio de igualdad. Otras acciones afirmativas que se han desarrollado en los últimos tres años de gran valía son las generadas para salvaguardar el patrimonio cultural de los grupos indígenas. Este patrimonio se integra por las tradiciones, usos y costumbres, así como la creación de objetos o materiales creados a partir de la ideología de estos pueblos y que por muchos años se encontraban en estado de vulnerabilidad inminente ante el plagio. En la actualidad existe la claridad de que el territorio mexicano se distingue por la producción de artesanías elaboradas por las manos de las personas que pertenecen a grupos indígenas, que más allá de la simple creación de objetos, simbolizan y proyectan emociones, sentimientos y creencias de estos pueblos, lo que denota el valor y por ende la necesidad de protegerlos. En este sentido ,en este país el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se ha ocupado de poner en marcha algunas acciones como por ejemplo: la coordinación de actividades entre este instituto y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), con el objetivo de disminuir o prevenir que personas aprovechen de vacíos normativos e institucionales y de la buena fe de la gente, para comercializar, lucrar y cometer actos que denigran las culturas, tradiciones y la diversidad étnica y lingüística de México. Ahora bien, como Estado de Derecho, México publicó en noviembre de 2023, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta ley, igual que todas las

CPEUM, art. 3, inciso e), párr. 4, DOF, 15 de mayo de 2019.

normas que existen dentro del sistema jurídico mexicano, hace tangible el reconocimiento y praxis del pluralismo jurídico, basta dar lectura al siguiente texto: En la aplicación de la presente Ley se respetará el derecho de libre determinación y autonomía, así como las formas de gobierno, instituciones, sistemas normativos, procedimientos y formas de solución de controversias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En todos los casos que corresponda, el Estado, a través de sus instituciones, deberá brindar la asistencia de traductores e intérpretes para garantizar los derechos reconocidos en esta Ley.27 Como se observa el contenido del artículo 6 de la ley que protege el patrimonio cultural de los grupos indígenas señala que se respetarán los sistemas normativos y los procedimientos que se reconozcan en estos grupos o comunidades para todo lo que se regula a través de esta norma. Luego entonces, es otro ejemplo claro y sencillo de palpar el pluralismo jurídico, en virtud de que esta ley representa el derecho creado por el Estado. Dentro de este sistema de normas, se reconoce un sistema diferente por ser las normas o reglas que conocen, aceptan y practican grupos étnicos.

A partir de lo expuesto hasta este momento, es posible finalizar con algunas ideas concretas. En primer término, es inconcuso el reconocimiento de lo que se ha denominado pluralismo jurídico. Si bien es cierto sus antecedentes datan de los años de 1980 en adelante, la realidad es que al menos en el Estado de Derecho mexicano se va consolidando hasta después del año 2020. Un parteaguas sin duda será la gran reforma constitucional de febrero de 2024. Existen múltiples factores sociales que obligaron al gran monopolio de leyes. Dar ese reconocimiento a otros sistemas normativos. Con ello se visualiza la posibilidad de evitar que los seres humanos violen ocasionalmente la ley natural por ignorancia o por proteger el interés propio. Este enfoque ha ido ganando relevancia en el ámbito académico y político. Dicho en otras palabras, el pluralismo jurídico permite reconocer que tanto el derecho positivo como el derecho indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos. Pero al mismo tiempo, se reconoce la existencia de una imbricación de sistemas (pluralismo jurídico), en la que los valores

Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, art. 6, DOF, 17 de enero de 2022.

culturales y la dinámica local definen la aplicación de principios y normas positivistas e indígenas aparentemente similares, distinguiéndolas entre sí. Lo anterior, a partir de la teoría filosófica de que todas las normas jurídicas, creadas por el estado tienen una esencia moral o virtuosa. En este sentido, cobra relevancia retomar una vez más, como un ejemplo claro, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. De acuerdo con la doctrina, se sostiene que el derecho indígena es un sistema casuístico en el que hacer justicia implica considerar las circunstancias en que se ha dado un caso concreto. En estricto sentido, esto se puede visualizar como una práctica del common law. Pero también se reconoce como un sistema que toma en cuenta más a la persona en su relación con la comunidad que al hecho o falta cometida. Es decir, el individuo es valorado como sustento de la comunidad, pues participa en ella y la impulsa hacia los cambios y la transformación. Lo anterior se fortalece cuando se observa que, dentro del derecho positivo vigente mexicano desde el año 2014, se empiezan a reconocer jurídicamente a estos grupos. En consecuencia, se consideran sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, la dificultad que se enfrentó de manera inmediata es precisamente que las normas estatales no son del todo compatibles o entendibles para las personas que pertenecen a estos grupos. En otras palabras, el Estado, en su carácter de monopolio jurídico, crea al derecho indígena. Pero en muchos casos, podrían ser normas que contradicen los valores, usos y costumbres, de los grupos indígenas. Por tanto, nacen — como lo llamó Alf Ross— directivos autónomos. Dicho de otra manera, gestaron sus propias reglas, dando como resultado un gran sistema llamado pluralismo jurídico. Ante este panorama dogmático y práctico, se advierte que la sociedad mexicana y la población que habita en el Estado de México está en un proceso de aceptación, reconocimiento del pluralismo jurídico y sobre todo de implementación de acciones afirmativas para que ese reconocimiento no sea sólo discursivo sino práctico. Porque, de no ser así, las personas que se identifican como integrantes de un grupo o comunidad indígena siguen estando en un estatus de trato desigual.

Aragón Andrade, Orlando. “El pluralismo jurídico en los juzgados comunales de Michoacán: Una propuesta teórica para su estudio.” Pueblos y Fronteras Digital 6, núm. 9 (2010): 155–179.

Cámara de Diputados. “DOF publica reforma constitucional que reconoce derechos a pueblos y comunidades indígenas.” Comunicación Social, nota núm. 252, 2024. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica- reforma-constitucional-que-reconoce-derechos-a-pueblos-y-comunidades- indigenas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Diario Oficial de la Federación. Reformas citadas: 10 de junio de 2011 (art. 1); 29 de enero de 2016 y 30 de septiembre de 2024 (art. 2); 15 de mayo de 2019 (art. 3).

Cotterrell, Roger. “The Sociological Concept of Law.” Journal of Law & Society 10, no. 2 (1983): 241–255. https://www.jstor.org/stable/1410234.

Cruz Rueda, Edith. “Los principios generales del derecho en Totontepec Mixe, Oaxaca.” Ponencia presentada en el Encuentro Pueblos y Fronteras, Precongreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5–9 de septiembre de 2005.

Cruz Rueda, Edith. “Principios generales del derecho indígena.” En Hacia sistemas jurídicos plurales: Reflexiones y experiencias de coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena, coordinado por Rudolf Huber, Juan Martínez y Christiane Lachenal, 29–48. Bogotá: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.

Diputadas y Diputados Locales del Estado de México. “Comunicado 1679.” 28 de febrero de 2023. https://www.legislativoedomex.gob.mx/boletin/3fc64e1e-b5e2- 4097-8d7a-b887db7250ff.

Ehrlich, Eugen. “Sociología y jurisprudencia.” En Escritos sobre sociología y jurisprudencia, 89–107. Madrid: Marcial Pons, 2005.

Fitzpatrick, Peter. La mitología del derecho moderno. México: Siglo XXI, 1998.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). “Acciones afirmativas.” Glosario para la igualdad. Consultado en octubre de 2024. https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas.

Jerónimo, L. “Inauguran seminario internacional sobre pluralismo jurídico.” Quadratín Oaxaca, 22 de noviembre de 2021. https://oaxaca.quadratin.com.mx/inauguran- seminario-internacional-sobre-pluralismo-juridico/.

Julien, D. “El realismo jurídico de Alf Ross.” Contraargumento (blog), 13 de agosto de 2019. https://contraargumento.home.blog/2019/08/13/el-realismo-juridico-de-alf- ross/.

Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2022.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2006 (última reforma, 29 de diciembre de 2023).

Organización de las Naciones Unidas. “Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.” Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 21 de agosto de 2026. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/.

Sánchez-Castañeda, Alfredo. “Los orígenes del pluralismo jurídico.” En Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, coordinado por Nuria González Martín, tomo I, Derecho romano. Historia del derecho, 471–485. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006.

Santos, Boaventura de Sousa. Sociología jurídica crítica: Para un nuevo sentido común en el derecho. Madrid; Bogotá: Trotta; ILSA, 2009.

Sistema de Información Legislativa (SIL). Secretaría de Gobernación. 2024. http://sil.gobernacion.gob.mx/portal.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, Pleno, tomo XXX, diciembre de 2009. Tesis aislada P. LXV/2009.